Durante dos noches el programa "Soñando por cantar" subió al escenario a talentos locales, los hizo brillar y los sometió a las "palancas" de los jurados famosos (cuantas más barras permanecen sin accionarse, más avalan las condiciones del cantante y este sigue en carrera). Días después, cuando las luces se apagaron, otros jueces bajaron una primera palanca, pero a las autoridades provinciales.

Los miembros del Tribunal de Cuentas (CT) de la provincia iniciaron una comprobación sumaria en el Ente autárquico Tucumán Turismo (ETT). Ocurre que la repartición que preside Bernardo Racedo Aragón efectuó los gastos para el acontecimiento televisivo salteando el control preventivo del TC.

Traer el programa producido por Ideas del Sur -la empresa del conductor Marcelo Tinelli- le costó a los tucumanos poco más de $ 413.000. La cifra nunca fue un secreto. De hecho, el propio Racedo Aragón la dio a conocer a LA GACETA la noche de la segunda emisión del programa. Según sus declaraciones en esa oportunidad, el dinero invertido, dividido entre los 12 millones de espectadores (emisión en vivo y repeticiones), representaron un costo mínimo para la promoción que se consiguió.

Investigación
El acuerdo N° 731 que dio inicio a la comprobación sumaria está fechado el 17, tres días después de que los shows se realizaran en el Club Central Córdoba. Firmado por los integrantes del TC (Sergio Díaz Ricci, Miguel Chaiben Terraf y Marcelo Vidal ), da cuenta de que a la primera luz de advertencia la encendió la delegación fiscal destacada en el Ente (hay una en cada repartición). La unidad labró un acta de constatación al tener acceso a la resolución Nº 878/9-EATT/12 del organismo, que autorizó el gasto por la suma de $ 413.189,75 para los eventos.

De acuerdo con la Constitución provincial y las leyes vigentes, todos los actos que impliquen fondos públicos deben necesariamente ser puestos en consideración del TC para que efectúe un control preventivo. Este, precisamente, es el paso que obvió el ente de Turismo. Ahora, sobre el gasto ya ejecutado, el TC deberá determinar si se cumplieron todos los otros requisitos y mecanismos previstos para las contrataciones y compras de la administración pública.

En la resolución se nombró como instructora a la abogada fiscal María Celina Zanoni, quien deberá elevarles un informe a los vocales en 60 días. El Tribunal determinará si sólo hubo un incumplimiento formal o si cometieron eventuales daños al erario público. En este último caso, la situación podría derivar en el inicio de otro tipo de sumario administrativo.

Al ser consultado sobre la medida iniciada por el TC, Racedo Aragón le restó importancia. "Quiero aclarar que se trata de un pedido de informes sobre el tiempo. Es decir que no se objetan los gastos que se hicieron, sino el procedimiento previo. Normalmante, uno tiene que efectuar un expediente. Pero hubo varios feriados antes de los shows", consignó. El presidente del ETT afirmó además que ya había aclarado la situación verbalmente y que estaba esperando que formalmente se le requiriera un descargo por escrito.

Racedo detalló, por otro lado, que el dinero se invirtió en el montaje del espectáculo. "Se pagaron los pasajes de las personas que vinieron, el sonido, la logística, el escenario. Pero no nos cuestionan los gastos", concluyó.